lunes, 16 de octubre de 2017

NO TODO ES COMO NOS LO CUENTAN

El desarrollo del programa nuclear y de misiles de Corea del Norte se ha convertido en un tópico omnipresente en las noticias dedicadas a los temas de actualidad internacional. Como es conocido, su objetivo principal, hecho explícito por los mismos funcionarios del régimen, sería establecer un balance de poder con Estados Unidos con el fin último de disuadir a este país y sus aliados de intentar o promover su derrocamiento. Para esto, pretende miniaturizar cabezas nucleares y colocarlas en misiles balísticos intercontinentales que puedan llegar a territorio estadounidense.

Sin embargo, aún debe pulir la tecnología de sus misiles de largo alcance, que todavía se encuentran, por lo que se sabe, en etapa experimental, así como también debe perfeccionar el proceso de miniaturización de sus ojivas nucleares, para lo cual está trabajando incesantemente y desafiando a prácticamente la totalidad de la comunidad internacional. Claro, además de refinar este procedimiento, desarrollar arsenales más potentes (como lo sería una bomba de hidrógeno, la cual alega haber probado hace algunos días) añadiría cotas a su capacidad de disuasión. En cualquier caso, esa es la misión que se autoimpone el régimen y a ello va orientado buena parte de sus acciones y muchas de sus bravatas.

Ante ello, es notable la preocupación que ha producido en la comunidad internacional, pero muy especialmente entre algunos de los principales actores implicados en la trama: Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y China (teniendo en consideración, por su puesto, que su aproximación a la situación difiere sustancialmente de la de los anteriores). Por un lado, se trata de una inquietud legítima ante la proliferación de armas con enorme capacidad de destrucción, así como por el hecho de que estas puedan estar en manos de un régimen dictatorial con muy pocos escrúpulos y una retórica belicista muy pronunciada. Pero, cabe la pregunta, ¿acaso no alberga algo de exageración? ¿Cuánto hay de cierto en la imagen que se ha construido de una Corea del Norte nuclear como peligro inminente para la humanidad? Pues, aun cuando se comprende la intranquilidad generada, también creo que existe bastante de exceso en el discurso de quienes se oponen férreamente a esa posibilidad (que es, cada vez más, una realidad), lo que fácilmente nos puede inducir a una visión muy parcial y simplista de los hechos.

En primer lugar, y como lo han señalado reiteradamente académicos y analistas, Kim Jong-un parece actuar bajo una lógica relativamente bien definida. Es decir, a diferencia de la forma como lo representan comúnmente los medios de comunicación y un sector considerable del establishment político occidental- como un individuo inestable, poco racional y presa de sus emociones-, presuntamente sus acciones siguen patrones de racionalidad instrumental[1], que corresponderían más a los de un estratega bien curtido y no a los de un “hombre loco”.[2]

En ese sentido, Fareed Zakaria ha llevado a cabo un interesante ejercicio de razonamiento contrafáctico al imaginar una entrevista con nada menos que Kim Jong-un, dos preguntas de la cual son particularmente esclarecedoras.[3] La primera está dirigida a indagar en la razón por la que, a pesar de las abrumadoras sanciones que le han sido impuestas, continúa avanzando en su programa nuclear y de misiles balísticos. En resumen, Kim respondería que es, básicamente, una cuestión de supervivencia. Mientras que sus antecesores, su abuelo y su padre, contaban con el sustancial apoyo de la Unión Soviética y China, la única superpotencia vigente, Estados Unidos, habría dejado claro que vislumbra el cambio de régimen como el escenario ideal.

En cuanto a la última pregunta, esta apunta directamente al miedo de los estadounidenses ante la posibilidad de un ataque. Frente a este supuesto, Kim replicaría por qué hacerlo sabiendo que conllevaría acciones de represalia. Por lo tanto, sus supuestas inconstancia e irracionalidad no serían tales, y sus actitudes resultarían estrictamente coherentes, respondiendo a un plan por medio del cual conseguir su objetivo prioritario. En cualquier caso, siempre existe la posibilidad de que estemos sobreestimando las capacidades del gobierno norcoreano y de su líder para construir una estrategia bien meditada, que tome en consideración distintos escenarios y cómo responder a cada uno de ellos.

Por otro lado, como se mencionó con anterioridad, ciertas afirmaciones resultan, por lo menos, involuntariamente desacertadas, o intencionalmente tendenciosas. Tomemos como ejemplo una declaración del primer ministro de Japón, Shinzo Abe, durante su discurso pronunciado en el marco de la 72ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada a lo largo de esta semana.[4] Con el fin de justificar su posición en cuanto a la imposibilidad de entablar negociaciones en buenos términos con el régimen norcoreano- porque según él será la presión y no el diálogo lo único que convencerá a su líder máximo de recular definitivamente en sus intenciones-, hizo referencia al acuerdo alcanzado en 1994 entre la administración Clinton y el gobierno de quien presidía en ese momento el país asiático, Kim Jong-il.

En concreto, el Agreed Framework, que era su nombre oficial, dictaba que Corea del Norte aceptaba detener el desarrollo de su programa nuclear, permitir a los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA por sus siglas en inglés) el ingreso a sus instalaciones nucleares con el fin de certificar su cumplimiento, y no retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear, del cual en ese momento aún era Estado parte. Mientras, Estados Unidos se comprometía a dirigir un consorcio- cuyo nombre oficial era Organización para el Desarrollo de la Energía en la península de Corea (KEDO por sus siglas en inglés)-, integrado por otros países, que se encargaría de construir reactores de energía de agua ligera para compensar aquella energía perdida por el congelamiento de la actividad en sus instalaciones, y en el ínterin, proveería a Corea del Norte de petróleo pesado para uso no militar (p.e., calefacción o producción de electricidad). Finalmente, un punto relevante del acuerdo era aquel orientado a promover la normalización de relaciones políticas y económicas de manera paulatina. Es decir, se trataba de un intento de establecer un marco de relaciones amplio que trascendiera al punto neurálgico de la disputa, y pretendía abarcar otros ámbitos que guiaran el camino a destrabar sus relaciones.

En cualquier caso, el acuerdo llegó a un punto muerto en el 2002, durante el gobierno de George W. Bush. La causa directa asumida en la versión oficial norteamericana y de sus aliados es el reinicio del programa nuclear de Corea del Norte a espaldas de la IAEA, de Estados Unidos y de todos aquellos países que formaban parte del consorcio. En consonancia, el discurso de Abe alude a una visión de los hechos en la que el régimen norcoreano sería el único responsable del colapso del acuerdo, lo que habría demostrado la inviabilidad de confiar en él y en su disposición para negociar. Pero la historia puede ser más compleja si se trascienden las interpretaciones unilaterales y las versiones maniqueas.

Al respecto, el coronel estadounidense Lawrence Wilkerson, jefe de gabinete del ex Secretario de Estado durante el gobierno de George Bush, Colin Powell, en una entrevista al portal de noticias The Real News, afirma que, en realidad, Estados Unidos y el consorcio que presidía no habrían cumplido con sus obligaciones según los términos del acuerdo.[5] Así, por ejemplo, los envíos de combustible pesado no se correspondían con las fechas establecidas en el cronograma, así como tampoco las cantidades se ajustaban a lo prometido. Aún más, tampoco el KEDO estaba avanzando con la construcción de los reactores de agua ligera debido a los irregulares aportes de los países parte para el financiamiento del proyecto.

También Jeffrey Lewis, reconocido especialista en programas nucleares y de no proliferación en el Este Asiático, hace referencia a la responsabilidad que atañe a Estados Unidos en el colapso del acuerdo debido, en buena parte, a la injerencia de un Congreso hostil al mejoramiento de las relaciones con el régimen norcoreano, por lo que sostiene que el Agreed Framework se encontraba ya bajo mucha presión al final de la administración Clinton.[6] Con Bush, habría sido claro que los esfuerzos por mantenerlo a flote no serían una prioridad y fue de esa manera como, ante los reportes de inteligencia que indicaban el desarrollo de un programa de enriquecimiento de uranio presuntamente para usos no civiles, y orientado, por lo tanto, a la obtención de armas nucleares, se dejó caer.

Es así que Estados Unidos cuenta con antecedentes de incumplimiento de acuerdos y compromisos rotos que lo sitúa como un actor poco confiable, lo que fácilmente puede indisponer a países con los que guarda profundas divergencias a plantearse un escenario de negociaciones para convenir en algún tipo de transacción. Como se evidencia en el caso previamente expuesto y otros ampliamente citados, Libia por ejemplo, Estados Unidos ha demostrado en varias oportunidades ser aquello de lo que precisamente se acusa a Corea del Norte: inconstante, caprichoso y veleidoso.

Por lo tanto, contra lo que frecuentemente se sostiene, es presumible que el comportamiento de Corea del Norte como potencia nuclear siga los canales convencionales, haciendo un uso estratégico de su arsenal, sin la necesidad de llegar a emplearlos realmente y teniendo en cuenta que las consecuencias a un eventual ataque sería su propia destrucción, como le ha sido recordado a Kim recientemente En ese sentido, el peligro derivaría fundamentalmente de errores de cálculos por parte de alguno (o varios) de los actores involucrados y no de tendencias suicidas del líder norcoreano, lo que es improbable… aunque no imposible.




[1] Farid Kahhat. “Kim Jong Un no es un actor irracional”. En América Economía,  21 de agosto de 2017. https://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/kim-jong-un-no-es-un-actor-irracional
[2] Bao Pu. “Kim Jong Un: ‘Crazy Fat Kid’ or Rational Despot?” En Stratfor, 4 de Agosto de 2017. https://worldview.stratfor.com/article/kim-jong-un-crazy-fat-kid-or-rational-despot.
[3] Fareed Zakaria. “Kim Jong Un-smart and strategic?” En The Washington Post, 14 de setiembre de 2017. https://www.washingtonpost.com/opinions/kim-jong-un--smart-and-strategic/2017/09/14/0c28a516-9988-11e7-82e4-f1076f6d6152_story.html?utm_term=.900758e4eb20
[4] “Address by Prime Minister Shinzo Abe at the Seventy-Second Session of the United Nations General Assembly”. Nueva York, 20 de setiembre de 2017. https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/72/jp_en.pdf
[5] “Larry Wilkerson: North Korea is Not an Existencial Threat-But Many People Benefit by Saying It Is”. En The Real News, 5 de setiembre de 2017. http://therealnews.com/t2/story:19926:Larry-Wilkerson%3A-North-Korea-is-Not-an-Existential-Threat---But-Many-People-Benefit-by-Saying-It-Is
[6] Jeffrey Lewis. “Revisiting the Agreed Framework”. En 38 North, 15 de mayo de 2015. http://www.38north.org/2015/05/jlewis051415/

domingo, 6 de agosto de 2017

VENEZUELA Y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL



Ha transcurrido varios días desde que se dio a conocer la iniciativa de un grupo de congresistas colombianos y chilenos de remitir una comunicación a la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, imputándole un conjunto de cargos que, a su parecer, se ajustan al marco de competencia del tribunal. El escrito, según informaba el diario El País, está dirigido a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y acusa al mandatario de haber sido “partícipe de graves violaciones al derecho internacional” desde el año 2008, cuando se desempeñaba como Ministro del Exterior, así como también se le culpa por la “comisión de crímenes del derecho internacional” desde que fue elegido para suceder al difunto Hugo Chávez.[1]

Este constituiría uno más de los varios esfuerzos de la comunidad internacional por encauzar un proceso de estabilización y restauración de la institucionalidad democrática en un país en el que el autoritarismo se ha impuesto claramente en las formas- ni qué decir del carácter mismo del régimen- y cuya ruptura del orden constitucional conlleva una progresiva desarticulación social. Sin embargo, hay que tomar en consideración que no se trataría del primer ni único intento por llevar a dicha instancia la condena de una situación que, a ojos de muchos, resulta cada vez más alarmante.

En setiembre del 2015, en el contexto de la crisis fronteriza con Colombia, la Procuraduría General de la Nación de este país presentó ante la fiscal de ese tribunal un informe “denunciando la perpetración de crímenes de lesa humanidad por parte del presidente venezolano Nicolás Maduro y agentes militares y civiles de su gobierno en contra de nuestros compatriotas que se encuentran, o encontraban, asentados en su territorio nacional”.[2] Por otro lado, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, un férreo detractor del régimen venezolano, ha anunciado que esta organización dará “pasos institucionales… para poder tipificar de manera adecuada y coherente desde el punto de vista jurídico, las violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, puedan ser juzgados por la CPI”.[3] Finalmente, la recientemente destituida fiscal general de Venezuela, convertida en el azote del gobierno dentro de las propias filas del chavismo, ha señalado la posible presencia de “patrones de violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos (DDHH)” e incluso se ha referido al “delito de lesa humanidad que se ha venido cometiendo de manera sistemática y sostenida desde la convocatoria inconstitucional de la constituyente presidencial”[4], por lo que amenazó con acudir a las instancias internacionales en el caso de que el gobierno obstaculice la investigación y la sanción contra los perpetradores de estos crímenes.[5]

Es así que esta medida ha sido contemplada por distintos agentes, tanto al interior del Estado venezolano, como por aquellos que desde el exterior pretenden impulsar alguna iniciativa que lleve a la rendición de cuentas y al juzgamiento de una dirigencia que ha actuado, en el mejor de los casos, con total indiferencia frente a las necesidades cada vez más acuciantes de su propio pueblo, y en el peor, con absoluto desprecio por el bienestar y la integridad física de la población, lo que ha sido evidente durante los cuatro meses que dura el ciclo de protestas en ese país. En cualquier caso, parece prudente analizar la acción llevada a cabo por aquel grupo de congresistas, ya que en ella subyace una serie de elementos dignos de tomar en cuenta para medir la contundencia de estas propuestas, así como la coherencia de los argumentos que la sustentan.

Ante todo, cabe señalar que parece existir una muy extendida ignorancia en lo relativo al funcionamiento de la CPI y las categorías penales sobre las que se declara competente, lo que se encuentra regulado en el Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de este tribunal[6]. Esto es, parece haber una tendencia generalizada entre la clase política de la región a formarse expectativas poco reales acerca de la capacidad de este tribunal para juzgar a quienes asumimos responsables de cometer, promover o consentir violaciones de los DDHH. El punto es que el proceso puede ser mucho más complejo de lo que generalmente se admite, e incluso la posibilidad de que este llegue a iniciarse resulta incierta. Así, el único que puede abrir un caso ante la Corte es el Fiscal, quien decidirá si se inicia o no una investigación.[7] Un tema importante a evaluar radica en la manera en que es activada la jurisdicción de la Corte. Tanto los Estados Parte como el Consejo de Seguridad tienen la facultad de remitir al Fiscal “una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes”[8], con lo que aquel debe proceder a la apertura de una investigación. Por otra parte, el Fiscal puede iniciar de oficio una investigación “sobre la base de información acerca de un crimen de la competencia de la Corte”[9]. Esta información puede incorporar distintas fuentes, incluidas las comunicaciones enviadas por órganos nacionales como el Congreso. Por lo tanto, el informe presentado por aquel grupo de legisladores solo constituirá un elemento más que la Fiscal podría tomar en cuenta.

Pero habría que considerar que existen dos condiciones para que una situación sea admitida bajo la competencia del tribunal: en primer lugar, que el Estado al que se refiere no esté en la capacidad o no tenga la voluntad de investigar los crímenes bajo el sistema de justicia interno; y, segundo, que estos crímenes se correspondan con los tipos penales frente a los que la Corte se declara competente (genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra). Y en este punto llama mucho la atención las imputaciones que se han incluido en el documento suscrito por el grupo de legisladores. Algunas resultan bastante desacertadas. Por ejemplo, se acusa a Maduro de “una imposición intencional de condiciones de vida, entre otras la privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la destrucción de parte de la población”, delito que califican como “exterminio” y que sería entendido como “estrechamente relacionado con el genocidio, ya que ambos se dirigen contra un gran número de personas”.[10] Para quienes tienen alguna idea de lo que implica el crimen de genocidio, debería quedar más o menos claro que no se ajusta a la situación que tiene lugar en Venezuela. En realidad, bajo las condiciones actuales del contexto venezolano, es imposible afirmar que esta sea el caso.

Habría que comenzar por señalar que el genocidio debe ser el tipo penal más difícil de configurar porque hay un elemento subjetivo a evaluar, que consiste en la existencia de la intención subyacente al acto. Por otra parte, la definición misma da cuenta de la imposibilidad de emplearlo en este caso. Según el Art. 6 del Estatuto de Roma, se entiende por “genocidio” a cualquiera de los actos mencionados en dicho artículo “perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”[11]. Hasta donde se ha visto, en Venezuela no existe persecución por alguna de esas causas, sino, básicamente, por motivos políticos (el gobierno persigue y reprime a la oposición y a sus detractores). Así, tampoco parece evidente que el gobierno pretenda la “destrucción” o  desaparición física de los miembros de la oposición, sino, principalmente, su sometimiento. Por lo tanto, es notorio lo impropio e inútil de dicha acusación, pues no responde a estándares conceptuales mínimos que puedan ser considerados en una eventual apertura de investigación.

Es prudente detenernos un momento con el fin de analizar el hecho de que un grupo de legisladores haya suscrito un documento que contiene tales inexactitudes. Llama la atención, porque podríamos asumir que, si bien ellos mismos no tienen que ser expertos en la materia, sí estarían en la capacidad de contratar asesores que lo sean. Tampoco se necesita ser ducho en el tema para saber que, entre las diferentes expresiones de violación de DDHH que están produciéndose en ese país, el genocidio o el apartheid (es otro de los cargos incluido en el informe) no son algunas de ellas. La disposición de una amplia gama de políticos a apoyar una demanda con serias falencias de fondo y de forma da cuenta de una actitud común actualmente entre buena parte de los detractores del régimen venezolano, quienes no solo critican y condenan las medidas autoritarias del gobierno, sino que le atribuyen casi de manera automática cualquier acto criminal. Esto es, existe evidencia suficiente para afirmar que el régimen, efectivamente, ha incurrido en violaciones de los DDHH que pueden llegar a constituir crímenes contra el Derecho Internacional, pero esto no debería implicar que se pretenda adjudicarle responsabilidad por actos que simplemente no tienen lugar en el complejo escenario de alteración institucional en dicho país. Pareciera que en el afán de destacar el carácter aberrante del gobierno- como si fuese necesario-, se ha llegado a forzar figuras jurídicas, descuidando el sentido de las proporciones y la seriedad en la causa que defienden.

Pero aquella actitud de forzar los hechos para que encajen con una interpretación determinada sobre el contexto venezolano no es exclusiva de los críticos del régimen, ya que también prevalece entre los partidarios y defensores del modelo que, según ellos, representa. Hemos visto, por ejemplo, que mientras se sucedían los comunicados oficiales condenando la realización de las elecciones para la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, algunos pocos países- como Bolivia[12]- manifestaban su respaldo, estirando, de esa manera, el concepto de democracia hasta deformarlo completamente. Y no hay necesidad de ir tan lejos para escuchar anuncios que intentan revestir de legitimidad este cuerpo y exaltan un proceso que nada tiene de democrático y que refleja con claridad la profundización de la deriva autoritaria en la que se encuentra sumido el país.[13] Son aquellos incapaces de reconocer que, actualmente, Venezuela no representa tipo alguno de modelo social democrático, salvo el absoluto desprecio de la dirigencia del país por una población cuya calidad de vida se deteriora con preocupante celeridad.

Pero si algunas de las acusaciones pueden no encontrar asidero en la realidad y, por ende, ser descartadas de plano, otras sí podrían llegar a prosperar y ser aceptadas por la Fiscal para dictaminar el inicio de una investigación preliminar. Hay que tener en cuenta que cada vez parece existir más sustento para considerar que una causa basada en la situación de Venezuela calza en la competencia de la Corte. En cuanto a la primera condición, actualmente, es evidente que no existe un poder judicial independiente que tenga la capacidad o esté dispuesto a investigar y juzgar actos criminales cometidos entre las filas del oficialismo, al tratarse de una institución dominada por el gobierno.  

Por otra parte, es posible, también, que algunos de los delitos cometidos con consentimiento de la dirigencia y siguiendo una política de Estado puedan corresponderse con la categoría penal de crímenes de lesa humanidad. Uno de esos casos es el de detención arbitraria de opositores políticos.[14] Además de los más reconocidos líderes de la oposición que se encuentran sentenciados o no condenados aún en juicios que no cumplen con las garantías del debido proceso- Leopoldo López o Antonio Ledezma, por ejemplo-, el Foro Penal Venezolano reporta un saldo de 431 presos políticos[15], mientras que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) indica en un comunicado difundido el 8 de agosto que más de 5,051 personas sufrieron detención arbitraria desde que las protestas comenzaron- el cálculo se extiende desde el 1 de abril hasta el 31 de julio.[16] Así, de acuerdo con el organismo, los testimonios recabados sugerirían la existencia de “un uso generalizado y sistemático” de detenciones arbitrarias.[17] Precisamente, para que se considere un crimen de lesa humanidad, es necesario que el delito en cuestión cumpla con uno de los dos requisitos (o ambos), que sea sistemático o generalizado. El primero hace referencia a la necesidad de que exista un sistema, una estructura u organización orientada a cometer este acto, lo cual podría aplicarse a este caso, pues, aparentemente, toda la maquinaria estatal funciona para garantizar la detención y, en algunos casos, el procesamiento de quienes se manifiestan en contra del gobierno. Con respecto a lo segundo, también parece ocurrir que está comenzando a configurarse un patrón generalizado en este tipo de acto.

La evidencia de otros crímenes como el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado contra manifestantes[18], lo que ha dejado un saldo de más de 120 víctimas mortales, 46 de las cuales pueden ser atribuidas a estas fuerzas y 27, a los colectivos armados progubernamentales[19], o los testimonios de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes[20] recogidos por algunas ONG’s como el Foro Penal Venezolano[21] y confirmados por la ACNUDH[22], nos permite creer que una eventual apertura de investigación de la situación de este país y una acusación contra funcionarios del régimen es posible. En cualquier caso, es pertinente tener en claro las dificultades de que un proceso de esta naturaleza se lleve adelante, no solo por los altos estándares adoptados por la Corte para la admisión de una situación, sino porque mucho de su progreso depende de factores políticos, por ejemplo, que los Estados estén prestos a colaborar,[23] incluido, el país del que sea nacional el acusado.

Aun cuando los efectos de estas iniciativas sean poco tangibles en el corto o mediano plazo- e incluso en el largo plazo, en el caso de que no llegue a admitirse la causa-, resultan interesantes porque albergan una carga simbólica importante. Esto es, fuera de la jurisdicción nacional, la única instancia con capacidad de procesar individuos acusados de cometer o instigar crímenes contra el Derecho Internacional es precisamente la CPI. Por supuesto, su impacto en la resolución de los muchos problemas que aquejan al país es bastante limitado, y para efectos prácticos, su incidencia en el proceso de deterioro social agravado por el creciente carácter autoritario del régimen es escasa, y aparentemente, en la actualidad, nula. Aun así, saber que dadas las condiciones óptimas, existe la posibilidad, aunque remota, de que el o los responsables del sufrimiento de toda una población sean juzgados en algún momento puede resultar reconfortante para las víctimas.

Por lo tanto, en lugar de generar falsas expectativas promoviendo una errada visión de lo que puede esperarse en instancias internacionales, estas iniciativas deberían ser llamados serios a la justicia, estar sólidamente sustentadas y basadas en un análisis sobrio de la situación. De lo contrario, como es el caso de la propuesta impulsada por el grupo de legisladores, mucha de su fuerza simbólica se ve atenuada, lo que lleva a pensar más en un intento por llamar la atención y levantar su perfil frente a un tema sobre el cual todos parecen tener algo que decir, que en un auténtico esfuerzo por la búsqueda de justicia para las víctimas de una cúpula que tiene como principal móvil la retención del poder.



[1] “Congresistas de Colombia y Chile denuncian a Maduro ante el Tribunal de La Haya”. En El País, 19 de julio del 2017. https://elpais.com/internacional/2017/07/18/colombia/1500344108_601017.html
[2] Procuraduría General de la Nación de Colombia. Declaración 891, “Declaración del Procurador General de la Nación”. 3 de setiembre del 2015. https://www.procuraduria.gov.co/portal/DECLARACION-DEL_PROCURADOR_GENERAL_DE_LA_NACI_N__3_DE_SEPTIEMBRE_.news
[3] “Almagro planea denunciar al gobierno de Maduro ante la CPI”. En El Nacional. 21 de julio del 2017. http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/almagro-planea-denunciar-gobierno-maduro-ante-cpi_194471
[4] Declaraciones de la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz. 31 de julio del 2017. https://www.pscp.tv/MPvenezolano/1mrGmmDlQjvGy?t=22
[5] También el Congreso peruano habría debatido la posibilidad de remitir una comunicación sobre la situación en Venezuela a la CPI.
[6] El Estatuto de Roma fue aprobado en esta ciudad el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el Establecimiento de una Corte Penal Internacional, entrando en vigor el 1 de julio del 2002. Ver: http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
[7] En este punto, me gustaría agradecer la colaboración de un buen amigo, conocedor del tema, que gentilmente, y con mucha paciencia, me explicó los criterios básicos del funcionamiento de la CPI y cuál podría ser el destino de Venezuela en este tribunal. De aquí en adelante, la información acerca del proceso a seguir y la reflexión en cuanto a la manera en que este país pueda entrar en su ámbito de competencia o no debe mucho a su valiosa colaboración.  
[8] Estatuto de Roma. Art. 13. a) y b)
[9] Estatuto de Roma. Art. 15. 1.
[10] “Congresistas de Colombia y Chile denuncian a Maduro ante el Tribunal de La Haya”. El País.
[11] Estatuto de Roma. Art. 6.
[12] Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia. Comunicado. “Jornada democrática en Venezuela”. 30 de julio del 2017. http://www.cancilleria.gob.bo/webmre/comunicado/2144
[13] “Dammert respalda a Nicolás Maduro tras instalación de Asamblea Constituyente”. En La República. 1 de agosto del 2017. http://larepublica.pe/politica/1068567-dammert-respalda-a-nicolas-maduro-tras-instalacion-de-asamblea-constituyente
[14] Estatuto de Roma. Art. 7. “Crímenes de Lesa Humanidad”. 1. “A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por ‘crimen de lesa humanidad’ cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. e) “Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”.
[15] Foro Penal Venezolano. “Presos políticos”. https://foropenal.com/presos-politicos
[16] Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Comunicado del 8 de agosto del 2017. http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21948&LangID=S
[17] ACNUDH. Comunicado.
[18] En caso de muerte, el uso excesivo de la fuerza para la represión política podría configurar como un crimen de lesa humanidad en el tipo de asesinato. Ver Estatuto de Roma. Art. 7, 1. a).
[19] ANUDH. Comunicado. La autoría del resto de muertes aún no ha podido ser establecida con claridad. Por otro lado, en su anuncio también señala la existencia de un “uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva”.
[20] Estatuto de Roma. Art. 7, 1. f).
[21] Ver, por ejemplo, el último “Reporte sobre la represión en Venezuela durante manifestaciones”, publicado a inicios de julio. https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://foropenal.com/sites/default/files/INFORME%2520REPRESION%2520JUNIO%25202017%2520COPIA.pdf
[22] ACNUDH. Comunicado.
[23] Por ejemplo, Sudáfrica se negó a ejecutar la orden de detención dictada por la CPI por cargos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra el presidente sudanés Omar al Bashir cuando visitó ese país en el mes de junio del 2015. 

domingo, 23 de julio de 2017

IRAK Y EL DESAFÍO DE LA RECONSTRUCCIÓN

Hace ya dos semanas que pudimos ver al primer ministro iraquí Haider al-Abadi arribar a Mosul con el fin de anunciar la definitiva derrota del Estado Islámico (EI) en el que era, hasta ese momento, su principal enclave en Irak, habiendo transcurrido 3 años desde su captura.[1] Tras una dilatada campaña que supuso la convergencia de distintos grupos- destacamentos del ejército iraquí, unidades de combatientes kurdos peshmergas, y grupos paramilitares, entre los que se encuentran las milicias predominantemente chiíes de las Fuerzas de Movilización Popular-, y contando con la vital ayuda militar de la coalición internacional liderada por Estados Unidos, se declaró, finalmente, la liberación de la segunda ciudad más grande de Irak.

Entre tanta expectativa generada por la simbólica victoria, también destacaron los necesarios llamados a la prudencia, dado que si bien se habría logrado privar al EI de su principal feudo en Irak, sobreviven algunos remanentes en zonas que aún estarían bajo su control. Es más, aun después de celebrado el tan ansiado anuncio y comentado en los medios de comunicación de todo el mundo, la continuación de disparos y estallidos en ciertos puntos de Mosul occidental daba cuenta de que la lucha todavía no se extinguía del todo y que células del grupo insistían en mantener la resistencia ante un hecho consumado.[2] Es decir, la actitud oficial ha sido de mesurado entusiasmo y un muy moderado optimismo ante el innegable hecho de que todavía restan batallas por luchar contra un enemigo que se niega a capitular y cuya capacidad de resistencia es bastante conocida por las fuerzas que lo combaten.

Sin embargo, los retos futuros trascienden largamente la supervivencia de ciertos bolsones del grupo yihadista con capacidad para infligir daños entre la población, y contemplan la sostenibilidad y estabilidad de un país desgarrado por años de sucesivos conflictos y agudas deficiencias institucionales que preceden a la invasión estadounidense en el 2003, pero que se agravaron sustancialmente con el desmembramiento del aparato público, la desestructuración social y la liquidación de las fuerzas armadas a que dio lugar. Por lo tanto, y como resulta evidente, uno de los primeros grandes desafíos lo constituye la rehabilitación y la reconstrucción material de las zonas que se vieron seriamente afectadas por la lucha entre ambas facciones.

Tomemos el caso de Mosul, al haber sido la ciudad más importante en caer bajo el yugo de los milicianos del EI. Sin contar el elevado saldo de víctimas mortales que la campaña por recuperar la ciudad ha producido[3], los estragos materiales y la crisis humanitaria configuran un paisaje desolador y que da poco espacio para el optimismo. Según algunas estimaciones, aproximadamente 900 000 personas se habrían visto desplazadas de sus hogares desde el inicio de la batalla.[4] Así, si a pérdidas materiales y daños a la infraestructura de la ciudad se refiere, el panorama es desesperanzador. Una imagen satelital del casco antiguo de Mosul- una de las áreas más afectadas por los coches bomba, los ataques aéreos y la artillería- del 30 de junio, obtenida por el Programa sobre Aplicaciones Operacionales de Satélite del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación (UNITAR-UNOSAT, por sus siglas en inglés) ilustra el nivel de devastación: un total de  5,536 estructuras habrían resultado afectadas, de las cuales, 490 se encontrarían destruidas (9% del total); 3,310, severamente dañadas (60% del total); y 1,736, moderadamente afectadas (31% del total).[5]



1) Las líneas punteadas marcan el perímetro del casco antiguo. 2) Los puntos rojos indican las estructuras destruidas; los anaranjados, los edificios con daños severos; y los amarillos, aquellos con daños moderados. Fuente: UNITAR-UNOSAT.

Otra serie de imágenes satelitales capturadas por la organización DigitalGlobe permite comparar el estado anterior y actual de algunas zonas importantes de la ciudad.[6] El resultado, como cabe esperar, es impactante y demuestra, una vez más, el alto grado de destrucción después de 9 meses de campaña militar. Por otro lado, Asien Hamza, director del comité de reconstrucción de la provincia de Nínive- citado por Igor Kossov en un artículo publicado algunos días atrás en The Atlantic-, sostiene que tres de cada cuatro vías en Mosul, casi todos los puentes, y el 65% de la red eléctrica habría sido destruida, así como mucha de su infraestructura acuífera.[7]

Frente a la evidente gravedad del estado actual de la ciudad, algunos de cuyos distritos han sido reducidos, en buena parte, a escombros, los cálculos sobre la cantidad de dinero requerido para su reconstrucción se disparan hasta alcanzar cifras exorbitantes. Según una estimación reciente de las Naciones Unidas, se necesitaría más de mil millones de dólares para la reparación de la infraestructura básica de la ciudad.[8] Y ya que el nivel de daño en la parte occidental superaría ampliamente el de la parte oriental, los trabajos de rehabilitación y estabilización tomarían un tiempo considerablemente mayor en el primer caso.

Si la dimensión de la labor de reconstrucción estimada para Mosul constituiría de por sí un desafío para cualquier Estado, las dificultades se multiplican tomando en consideración las limitaciones institucionales de Irak. No se trata solo del riesgo intrínseco a las acciones de las células yihadistas que prevalezcan durante un tiempo indeterminado o al resurgimiento de un “Estado Islámico 2.0”, sino a las deficiencias propias del aparato burocrático. Como lo destaca Kossov, la inmensa tarea de reedificación se presenta casi imposible en un país que ya ha demostrado su poca competencia para la gestión de los recursos públicos destinados a la rehabilitación del país en la etapa posterior a la invasión estadounidense.[9]

Es así que uno de los principales problemas identificados en la administración estatal es la extendida corrupción tanto entre los altos funcionarios del gobierno, como entre la burocracia media, lo que explica que Irak ocupe uno de los últimos lugares en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional (puesto 166 de 176 países).[10] La corrupción fue un rasgo característico de la administración del ex primer ministro Nouri al-Maliki, tanto entre los trabajadores públicos, como entre las fuerzas armadas, y cuya consecuencia más dramática habría sido la ineptitud de esta institución para detener el avance de las fuerzas del EI.  El mismo Parlamento iraquí reconoció en un informe la directa responsabilidad de altos funcionarios del gobierno, incluido el primero ministro al-Maliki, y militares por la deserción de las tropas del ejército y su renuncia a plantar defensa en las zonas que resultaron rápidamente asediadas por los milicianos islamistas, quienes, en su momento de mayor expansión, llegaron a controlar, aproximadamente, un tercio del territorio nacional.[11]Así, los 20 mil millones de dólares invertidos por el gobierno de Estados Unidos en la reconstitución, entrenamiento y equipamiento del ejército y la policía iraquíes (de un fondo total de 60 mil millones entre el 2003 y 2012 dirigidos a la reconstrucción del país)[12] no lograron su objetivo principal de formar unas fuerzas que, efectivamente, pudiesen garantizar la seguridad nacional.

Y si ese fue el destino de la suma invertida en el desarrollo militar del país, los 40 mil millones de dólares restantes que fueron canalizados a otros rubros- infraestructura, servicios básicos, programas de tipo asistencial- no necesariamente destacaron por su rendimiento. En realidad, en términos generales, todo el monto gastado en la rehabilitación habría producido pocos resultados tangibles en un país cuyo aparato público, así como sus fuerzas armadas habían sido arrasados de raíz en el periodo inmediatamente posterior a la invasión estadounidense. En cualquier caso, una serie de factores explican la inefectividad en la administración de dichos recursos: la deficiente coordinación entre los departamentos y las agencias del gobierno (de EE.UU.) encargados de la gestión de la ayuda; la escasa supervisión del destino del dinero entregado, lo que habría ayudado a prevenir, en alguna medida, la corrupción; el gasto innecesario y las malas colocaciones; y, por supuesto, como ya se ha enfatizado, la corrupción crónica en todos los niveles de la administración pública,  cuando el ex primer ministro al-Maliki decidió copar los cargos de mayor responsabilidad con allegados suyos, privilegiando la afinidad personal y la lealtad como requisito para el acceso a las altas esferas del poder y de la toma de decisiones, por encima del mérito y la experiencia.

Aun cuando, supuestamente, al-Abadi haya emprendido ciertas reformas orientadas a la erradicación de la corrupción y al fortalecimiento institucional, cuánto haya progresado realmente en ambos casos aún está por verse. Por lo pronto, parecería que en cuanto a la conformación de unas fuerzas de seguridad más efectivas y con mayor capacidad para el cumplimiento de sus funciones, podría haberse dado un avance significativo. Sin embargo, habría que recordar que el gobierno iraquí ha contado con la ayuda de milicias chiíes, suníes y kurdas, así como con la permanente ayuda de la coalición internacional. Por otra parte, de la capacidad del gobierno para emprender un trabajo de reconstrucción a tal escala aún no hay evidencia concreta.

Anteriormente, se indicó que una estimación provisional de las Naciones Unidas señalaba que más de mil millones de dólares serían necesarios para la reparación de la estructura básica de Mosul, pero, evidentemente, esta cifra podría ascender de manera exponencial, a lo que apuntan otros cálculos. Según Ghanin Jalil Younis, directora de personal en la provincia de Nínive, en enero del presente año, el concejo provincial de Anbar habría determinado que un monto aproximado de 12 mil millones de dólares se requeriría para atender las necesidades de Ramadi, una ciudad que también fue liberada de manos del EI y que es más pequeña que Mosul. Y aunque esta última no habría sufrido el grado de destrucción de la primera, al ser una ciudad más grande y que alberga mayor población, probablemente la reconstrucción demandará un mayor esfuerzo y, por ende, quizás, más dinero.[13]

Cabe agregar que la capacidad del Estado para restablecer la infraestructura esencial y los servicios básicos en las zonas golpeadas por el conflicto depende de otros factores como el desempeño de la economía e incluso la adecuada coordinación y distribución de la ayuda humanitaria por parte de las distintas agencias y organizaciones que la proveen. En cuanto al primer punto, las proyecciones de los organismos financieros internacionales no son halagüeñas, pues contemplan una contracción del PBI de aproximadamente 3% para el 2017.[14] Al ser una economía altamente dependiente del petróleo, llegando a representar hasta el 90% de los ingresos del gobierno, mucho de su desempeño está asociado a la estabilidad del precio del barril de petróleo en el mercado y al sostenimiento de sus niveles de producción.

Con respecto a lo segundo, habría que tomar en cuenta que no siempre la canalización de la ayuda humanitaria por parte de las ONG’s se ha caracterizado por la eficiencia y la transparencia, por lo que se ha dado el caso de llamados de atención hacia las deficiencias que presenta el sector. En realidad, muchos de los cuestionamientos provienen de las propias instituciones que conforman el gran sistema de ayuda humanitaria internacional, las cuales reconocen los defectos que la aquejan, entre los que se encuentran: la desconexión existente entre las prioridades planteadas por los organismos que encauzan la ayuda- y cuyos centros de dirección, generalmente, se encuentran en países distintos a los lugares de destino- y las necesidades locales; la concentración del poder y del dinero en pocas manos, es decir, los que controlan gran parte de estos fondos serían aquellos “gigantes” que, de alguna forma, llegan a monopolizar el sector- por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos (WFP), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) o el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)- desplazando a los actores o agentes locales, quienes, finalmente, son lo que mantienen mayor contacto con la población y llevan a cabo el grueso del trabajo; o la escasa transparencia y rendición de cuentas, lo que es un rasgo muy propio de este sector, que al mismo tiempo que administra y ejecuta, supervisa y audita.[15] Aunque, al parecer, ciertas iniciativas han pretendido atajar dichas críticas,[16] resulta difícil calcular cuánto se ha conseguido avanzar en realidad.

Por lo tanto, la reconstrucción se avizora complicada, farragosa y lenta. No obstante, más vale que no sea así y que pueda avanzarse paulatinamente con la rehabilitación de las zonas devastadas, de modo que la población que se ha visto desplazada pueda retornar e intentar retomar el rumbo de sus vidas después del oscuro intervalo que supuso el quedar sometidos a la inefable crueldad de las milicias del EI. Y será mejor que así sea, porque una buena proporción de los desplazados internos habita en campos administrados por las Naciones Unidas y otras organizaciones de ayuda humanitaria que, sin embargo, no se dan abasto con la enorme tarea que implica atender a cientos de miles de personas; y porque mucha de esa población sobrevive en condiciones sumamente difíciles, con el recuerdo de un dolor indescriptible y la inquietud ante un futuro incierto. Ello, sumado a la violencia sectaria y la posibilidad de ser víctimas de represalias por parte del régimen o de otras fuerzas aliadas, puede llevar a la regeneración del mismo engendro, o uno similar, contra el que una parte significativa del mundo ha luchado durante los últimos años.






[1] “Battle for Mosul: Iraq PM Abadi formally declares victory”. En BBC News. 10 de julio del 2017. http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40558836. “Iraq PM declares victory over Islamic State in Mosul”. En Reuters. 10 de julio del 2017. https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-mosul-idUSKBN19V105
[2] “Heavy Fighting Shakes West Mosul a Day After Victory Over ISIS Is Declared”. En Time, 11 de julio del 2017. http://time.com/4854278/mosul-isis-victory-iraq/. “Mosul ISIS fighters feigning surrender in order to attempt suicide attacks”. En ABC News, 11 de julio del 20117. http://abcnews.go.com/International/mosul-isis-fighters-feigning-surrender-order-attempt-suicide/story?id=48573098
[3] En un reporte de reciente publicación, Amnistía Internacional emplea la cifra propuesta por la organización Airwars de 5,805 muertes de no combatientes como el número estimado de bajas civiles durante la segunda parte de la campaña, entre febrero y junio del presente año, dirigida a la captura de Mosul occidental. https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/07/at-any-cost-civilian-catastrophe-in-west-mosul-iraq/ Por otro lado, en una entrevista concedida a Democracy Now!, la investigadora de AI Nicolette Waldman recurre a otra cifra proveniente de Airwars, y sostiene que, aproximadamente, 6,800 personas habrían fallecido bajo la ofensiva de las fuerzas iraquíes y la coalición internacional. https://www.democracynow.org/2017/7/18/amnesty_accuses_us_coalition_of_war 
[4] UNHCR. “Mosul’s war widows face new challenges in displacement”. 4 de julio del 2017. http://www.unhcr.org/news/latest/2017/7/595b86554/mosuls-war-widows-face-new-challenges-displacement.html
[5] UNITAR. “Iraq, Old City. Mosul, Ninawa Governorate”. Imagen publicada el 6 de julio del 2017. http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNOSAT_A3_Mosul_Old_City_points_damage_assessment_30June2017_Landscape_p.pdf 
[6] “Before and After Satellite Images of Mosul Reveal the Devastation After the Islamic State Was Forced Out”. En The New York Times. 15 de Julio del 2017. https://www.nytimes.com/interactive/2017/07/15/world/middleeast/mosul-before-after.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fmiddleeast&_r=0
[7] Igor Kossov. “’Mosul is Completely Destroyed’. The impossible task of rebuilding the recently reclaimed city”. En The Atlantic. 10 de Julio del 2017. https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/07/mosul-iraq-abadi-isis-corruption/533067/
[8] “Basic infrastructure repair in Mosul will cost over $1 billion: U.N.” En Reuters. 5 de julio del 2017. https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-aid-idUSKBN19Q28F
[9] Igor Kossov. “Mosul is Completely Destroyed.”
[10] Transparency International. Corruptions Perception Index 2016. https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
[11] Florence Gaub. “An unhappy Marriage: Civil-Military Relations in Post-Saddam Iraq”. Carnegie Endowment for International Peace. 13 de enero del 2016. http://carnegieendowment.org/2016/01/13/unhappy-marriage-civil-military-relations-in-post-saddam-iraq-pub-61955
[12] “Learning from Iraq”. Final Report from the Special Inspector General for Iraq Reconstruction. Marzo del 2013. 
[13] Kossov. “Mosul is completely destroyed”.
[14] Banco Mundial. “Iraq’s Economic Outlook-April 2017”. http://www.worldbank.org/en/country/iraq/publication/economic-outlook-april-2017. Fondo Monetario Internacional. “World Economic Outlook- April 2017”. http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/04/04/world-economic-outlook-april-2017#
[15] Heba Aly. “The humanitarian system: ‘A mammoth machinery losing track what it is for’.” En The Guardian. 22 de mayo del 2016. https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/may/22/humanitarian-aid-system-power-concentrated-hands-of-few-losing-track 
[16] “New deal on humanitarian financing signed at summit in Istanbul”. En The Guardian. 24 de mayo del 2016. https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/may/24/new-deal-on-humanitarian-financing-signed-at-summit-in-istanbul