* Publicado originalmente en Rumbo Económico el 30 de octubre, 2016 (enlace: http://rumboeconomico.com/2016/10/30/el-referendum-en-venezuela-gabriela-rodriguez-pajares/)
La discusión acerca de los aportes del reférendum a la democracia ha sido intensa a lo largo de este año.
Algunos han destacado, sobre todo, sus limitaciones y los problemas que pueden
derivarse de él, y hay quienes lo defienden resaltando especialmente su
condición como mecanismo de consulta popular. En cualquier caso, ha llevado a reflexionar
acerca de su función en el marco institucional del Estado. Sin embargo, ante
las dudas sobre sus beneficios que ha despertado en varios casos, una excepción
parece ser la iniciativa promovida por la oposición en Venezuela. Virtualmente,
nadie considera que su realización conlleve más problemas que ventajas, y no
solo ´porque se parta de la lamentable aserción de que ya la situación se
encuentra lo suficientemente complicada, por lo que toda propuesta que pueda
contribuir a apaciguar un tanto el conflicto político es ya un aporte
significativo, aun con los riesgos que pueda implicar, sino porque se ve en el referéndum una de las escasas vías a las
que la oposición puede recurrir para hacer frente al gobierno.
Es necesario considerar, en primer lugar, que la Asamblea Nacional
(AN), único bastión de la oposición representada por la Mesa Unidad Democrática
(MUD), ve su margen de acción cada vez más restringido ante el bloqueo
permanente por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyos magistrados
fueron designados con toda celeridad a fines del año pasado y aprobados por el
Congreso saliente. El TSJ ha desconocido sistemáticamente las facultades de la
AN, a la cual declaró en desacato a inicios del presente año para después
considerar “nulos” los actos emanados de ella. Ante el virtual desconocimiento
de la AN por parte del Ejecutivo y la interferencia constante del organismo
judicial, la lucha política se ha desplazado a la materialización del único
recurso que parece constituir la alternativa a métodos que puedan agravar el
escenario de violencia que ya se registra: la celebración de un referendo
revocatorio, mecanismo contemplado por la misma Constitución que impulsó su
predecesor, Hugo Chávez, líder máximo del partido al que el presidente
actualmente en funciones pertenece y cuyo legado, supuestamente, busca
preservar.
Pero además de ser una vía
constitucional en el enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición, se
trata de una iniciativa altamente popular. Según un reporte de Datanálisis del
mes de agosto, el 75% de los venezolanos consideraría que Nicolás Maduro debe
salir del gobierno a través de un referendo revocatorio, y si se lograra llevar
a cabo este año- lo que es una opción cada vez menos probable-, sería
efectivamente removido con el voto aprobatorio del 60.3% de los electores[1],
porcentaje superior al casi 51% que consiguió en las elecciones presidenciales
del 2013[2]
(tómese en cuenta que el art. 72 de la Constitución venezolana establece que
“cuando igual o mayor número de electores que eligieron al funcionario o
funcionaria hubieran votado a favor de la revocatoria, siempre que haya
concurrido al referendo un número de electores y electoras igual o superior al
veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos, se considerará
revocado su mandato”). Entonces, a diferencia de otros casos, en Venezuela la
iniciativa del referéndum, en sí
misma, goza de amplio apoyo, es decir, existe un extenso clamor popular para su
realización, y, sumado a ello, el fondo de la petición, la remoción del Maduro,
es también una posición compartida por una mayoría de la población.
En el referéndum, entonces,
se ha volcado la lucha política que se intensifica progresivamente conforme el
autoritarismo del gobierno se incrementa y el margen de maniobra de la
oposición se estrecha. Se ha convertido, en términos prácticos, en el hilo del
que pende la viabilidad de una salida constitucional y no violenta del
entrampamiento que se profundiza cada vez más. Por otra parte, se trata de una
iniciativa que, a diferencia del juicio político proclamado por la AN, tiene
efectos prácticos reales. Así, en Venezuela no existe la figura del impeachment, por la que en Brasil, el
Congreso logró destituir a Dilma Rousseff[3].
Por lo tanto, se trata más de un acto simbólico orientado a ejercer cierta
presión sobre el gobierno, y a incidir en su desprestigio, que de una medida
efectiva que conlleve algún cambio sustancial.
En este escenario, entonces, el referéndum, como mecanismo para quebrar
el entrampamiento político del que, de otra forma no violenta, parece no haber
salida, tiene un amplio respaldo interno e internacional, por lo que a la
posibilidad de su realización, en cierta medida, se ha condicionado el pedido
cada vez más insistente de activación de instrumentos regionales para la
defensa del orden democrático, como el Protocolo de Ushuaia sobre compromiso
democrático por los Estados miembros del MERCOSUR o la Carta Democrática
Interamericana en el seno de la OEA. Si los resultados de la celebración del referéndum y de la remoción de Maduro
cumplirían, siquiera parcialmente, las expectativas puestas en ellas, eso es
algo difícil de predecir, pues, además, no parece existir un panorama claro de
un escenario posterior. Por otro lado, es evidente que los problemas en
Venezuela, que no se restringen al conflicto político, sino que comprenden,
también, la aguda crisis económica y el malestar social, no desaparecerán. Pero
el punto es que la población apoya y pide un cambio de gobierno, por lo que el
intento del oficialismo por enquistarse en el poder y todos los esfuerzos
volcados a lograr su continuidad solo pueden apuntar a un régimen cada vez más
autoritario y menos competitivo.
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