* Publicado originalmente en Rumbo Económico el 12 de diciembre, 2016 (enlace: http://rumboeconomico.com/2016/12/12/sobre-la-censura-y-otros-espectaculos-por-gabriela-rodriguez-pajares/)
El espectáculo escenificado
durante las últimas semanas en el gran teatro de la política nacional nos ha
demostrado una vez más la decadencia de una clase dirigente que acaso porque ya
poco pueda sorprendernos no deja (y no deba dejar) de indignarnos. En ese
sentido, la teatralización de lo absurdo que supuso la interpelación al
ministro de Educación Jaime Saavedra y lo que promete ser su continuación- si
es que antes no es apartado del cargo por el propio gobierno-, la votación de
la moción de censura, constituye otra clara expresión de la manera en que un
Congreso que es ejemplo de casi nada se abastece con las armas que la propia
Constitución provee para socavar lo que, en primera instancia, esta debería
garantizar: la institucionalidad del Estado.
Por supuesto, aun cuando
lamentable, este espectáculo dista de ser original, pues actualmente Brasil nos
provee de otro ilustre ejemplo sobre el uso perverso de mecanismos
constitucionales para fines personales. Solamente recordemos que Dilma Rousseff
fue destituida a partir de un proceso abierto y atentamente seguido por un
Congreso, más de la mitad de cuyos miembros tienen causas pendientes con la
justicia que van desde acusaciones de involucramiento en casos de corrupción
hasta la práctica de tortura y homicidio culposo[1].
Muchos de esos cargos están relacionados con la gran red de corrupción del caso
Lava Jato, investigado actualmente por la justicia brasileña en un megaoperativo
que ya ha visto caer cabezas y promete cortar muchas más, con motivo del
reciente acuerdo al que se ha llegado con directivos de Odebrecht.
Salvando las distancias, en ambos
casos un Congreso en el que campea la corrupción juzga a un Ejecutivo, que no
exento de responsabilidades o faltas políticas, es atribuido con acusaciones
que constituyen dudosas causales de remoción del cargo. En cuanto a la
destitución de la ex presidenta de Brasil, se le acusó de alterar las cuentas
públicas para cubrir el déficit y equilibrar los balances presupuestarios. Ante
esta medida, aun cuando atentatoria de la ley de Responsabilidad Fiscal, muchas
voces declararon su disconformidad con el principio de proporcionalidad que
implicaba que delitos fiscales recibieran la misma sanción que delitos mayores
que supongan, incluso, la subversión del Estado de Derecho[2].
En el caso peruano, un ministro
pretende ser removido, alegando responsabilidad política por las demoras en las
obras para los Juegos Panamericanos a realizarse en nuestro país en el 2019,
así como por la compra irregular de computadoras para este sector. Así, el
pliego interpelatorio, centrado en estos dos temas, no tocó otros aspectos
fundamentales de su función como encargado de la cartera de Educación. Tal como
a Rousseff no pudo imputársele una participación directa en casos de
corrupción, aun cuando buena parte de su partido se encuentre embarrado en la
trama de sobornos de Petrobras, al ministro de Educación tampoco ha podido
demostrársele una participación directa en los casos de corrupción e
irregularidades al interior de la cartera que dirige y que tanto ha consternado
a fujimoristas y apristas.
En Brasil, aproximadamente el 50%
de los miembros de la Cámara Baja se encuentra involucrado en causas
judiciales. Eduardo Cunha, el todopoderoso ex presidente de dicha cámara que dio curso al proceso de impeachment, perdió su condición de diputado, y junto con ello
también el aforamiento que lo protegía de la justicia, lo que permitió que
recientemente fuera arrestado ante las contundentes evidencias de su
participación en casos de corrupción y lavado de dinero[3].
En cuanto al Senado, que en las últimas semanas ha pasado a situarse en el foco
de la tormenta, el 60% de sus miembros tienen cuentas pendientes con la
justicia, mientras que su controvertido presidente, Renan Calheiros, ha sido
acusado por el Tribunal Supremo de peculado, tráfico de influencias y recepción
de sobornos.
En cuanto al Perú, es bastante
conocido que varios integrantes de la bancada de Fuerza Popular, principal
partido promotor de la interpelación al ministro Saavedra y de la moción de
censura presentada el viernes pasado, mantienen estrechos vínculos con
instituciones que ven en la Ley Universitaria un obstáculo para continuar
lucrando en detrimento de la educación de una juventud con expectativas de
superación. Como señala un reciente informe del portal de investigación
Ojo-Público: “La guerra contra la reforma educativa se pelea en el Congreso,
pero la agitan los dueños de las universidades privadas que temen perder parte
de los millonarios ingresos que obtienen al abusar de las exoneraciones
tributarias que mantienen desde hace 20 años.” Es así que bajo la nueva Ley
Universitaria, “las 50 universidades privadas creadas como empresas lucrativas
no podrán pedir la reducción de su impuesto a la renta porque ninguna ha
completado la acreditación”, y, además, se buscará fiscalizar “los excedentes
de dinero que reciben las 41 universidades sin fines de lucro, beneficios que
han servido para que algunos rectores y empresarios incrementen su patrimonio
personal”[4].
Sin pretender equiparar las
implicaciones de la destitución de un Jefe de Estado con las de un miembro del
gabinete ministerial, existe un punto en común: el aprovechamiento político de
un recurso constitucional por parte de los congresistas para salvaguardar
intereses personales que lejos se encuentran de su función pública como representantes
por mandato popular. Ciertamente, a diferencia de la remoción de Rousseff, los
efectos de la partida del ministro Saavedra no conducirían a una crisis
gubernamental de grandes proporciones. Más aún, habría que partir por admitir
que ningún funcionario, a excepción del propio Jefe de Estado en un régimen
presidencialista, es imprescindible. Así, se puede conceder algún crédito a
quienes consideran exagerada la defensa del ministro por parte del gobierno y
que alegan la conveniencia de su renuncia para atajar el conflicto que su
presencia atiza cada vez más entre los dos poderes del Estado.
Pero el problema trasciende a la
presencia del ministro en el gobierno. Se trata de una situación en la que una
bancada con mayoría absoluta en el Congreso pretende sobrepasar al gobierno e
imponer su propia agenda. No se trata de representar aquí un escenario maniqueo
en el que solo hay buenos y malos. Nada más alejado de la realidad. Hasta el
momento, el gobierno ha dado varios motivos para ser cuestionado, pero ojalá
las explicaciones requeridas por la oposición, específicamente Fuerza Popular y
el APRA, se orientaran a esos casos que merecen ser esclarecidos. El punto es
que la bancada fujimorista se ha propuesto complicar la gobernabilidad de esta
gestión y entorpecer el normal funcionamiento de la administración pública si es que las medidas
implementadas por el Ejecutivo en funciones no se corresponden con las directrices
de su propia agenda.
Personalmente, considero que aquí
no hay víctimas. Tampoco creo al ministro Saavedra una víctima de la vesania
fujimorista, quien va al Congreso como cordero al matadero. Al fin y al cabo,
el gobierno debería estar preparado para responder cuando fuera necesario,
después de que todo intento de diálogo resultara infructuoso. No creo que Jaime
Saavedra merezca ser censurado, pero, finalmente, su permanencia en el gobierno
no es lo que más me preocupa, sino lo que su partida puede representar. Esto
es, cinco años de entrampamiento y bloqueo institucional como chantaje por
parte de una mayoría en el Congreso si es que el Ejecutivo no actúa de acuerdo
con sus directivas y no satisface, aunque sea parcialmente, sus requerimientos.
Cinco años en los que más que negociar, el gobierno se va a ver impelido a
ceder. Porque el problema no es que un ministro, aun con la evaluación de una
gestión que demuestra algunos activos a destacar, se marche. El riesgo es
precisamente la deformación de la institucionalidad democrática desde dentro,
empleando las mismas herramientas que esta provee para fines diametralmente
alejados del propósito para las que fueron creadas. Resulta peligroso porque es
el tipo de transgresión sutil que nos mantiene en el prolongado vaivén entre
los temores del pasado, las promesas dudosas del presente y las expectativas
poco claras del futuro.
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